El Protocolo de Kioto aparece en el momento actual como la principal respuesta de la comunidad internacional al reto del cambio climático, constituyendo la base sobre la que avanzar en la búsqueda de las mejores soluciones para la prevención y adaptación al previsible calentamento global por emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Este instrumento se configura como el principal elemento del sistema elegido para la gestión internacional de un cambio climático cuyas consecuencias se prevén como catastróficas y, como tal, la evaluación de su eficacia supone la evaluación de un modelo de gestión de intereses compartidos por todos los Estados de la comunidad internacional. En este marco, la dificultad técnica y ambiental de este instrumento aparece con claridad, pero, además y desde una óptica meramente jurídica, el Protocolo de Kioto puede calificarse como una de las realidades más originales y complejas del actual sistema jurídico internacional.